1.- La llamada cuota patronal en las cotizaciones sociales son costes laborales (así y por ello se descuentan íntegramente de los impuestos)
2.- En consecuencia, las pensiones contributivas son salarios indirectos y diferidos, que se perciben pasado el tiempo del trabajo efectivo.
3.- Las pensiones contributivas son un instrumento de solidaridad colectiva entre los trabajadores. En concreto, entre los activos en un momento dado y los pensionistas en ese mismo momento. Por tanto, no son una concesión generosa de ningún gobierno ni una consecuencia de ninguna distribución de ingresos fiscales. Son dinero de los trabajadores cotizantes a lo largo de los años. Es lo que técnicamente se llama un sistema de reparto. Otra cosa son las pensiones de diferente tipo que no están vinculadas a las cotizaciones sociales y también los complementos de mínimos.
Por tanto, es un grave error reclamar que se mejoren las pensiones contributivas con cargo a impuestos. Aún hoy, e incluso teniendo en cuenta el déficit del sistema de Seguridad Social en España, las cotizaciones sociales son mayores que el total de las pensiones estrictamente contributivas (ver Anexo).
Unas pensiones vinculadas a impuestos dependerían de la voluntad de cada Gobierno a través del presupuesto de cada año.
4.- El problema de las pensiones no es de gastos, sino de ingresos. En España se gasta menos en pensiones en porcentaje de PIB que en Europa. En 2017, según cifras oficiales ese gasto fue del 10,8%. En Francia es del 12% y en Italia del 15%.
Sin embargo, los ingresos son insuficientes, pero sencillos de recuperar. En el documento adjunto se explican medidas plenamente posibles a corto y medio plazo.
No obstante, no hay que pasar por alto que también se pueden descontar algunos gastos, aplicando definitivamente el criterio acordado en el Pacto de Toledo consistente en que las cotizaciones sociales financien exclusivamente prestaciones contributivas y el resto si se haga vía impuestos.
5.- Las proyecciones estadísticas son falaces y buscan atemorizar a los pensionistas presentes y a los futuros para que suscriban planes privados de pensiones. Ya en 1995 (hace 22 años) el Banco de España publicó un informe anunciando la inviabilidad del sistema público de pensiones y así lo han hecho periódica y sistemáticamente algunos bancos.
Las predicciones de aumento de la población no tienen fiabilidad más allá de 10 años, y aun así esta es muy relativa. Retorno de emigrantes y emigración de jóvenes son fenómenos que han afectado al aumento de población en los últimos años. La esperanza de vida no aumenta con la crisis y el deterioro de los servicios sociales, sino que disminuye. Los pensionistas nuevos que habrá en 2019, por ejemplo, han sido todos cotizantes en 2018 (algunos menos, por fallecimiento).
6.- El sistema público de pensiones está asegurado. No así el privado (puede comprobarse la rentabilidad de los fondos de pensiones).
7.- Incluso algunos comentaristas que en artículos y tertulias dicen defender el Sistema Público de Pensiones, ignoran las cuestiones anteriores en sus opiniones y conducen a extender la idea de que las pensiones públicas están en dificultades, con lo que irremediablemente conducen al relato del Gobierno del PP y de los fondos privados de pensiones.
8.- Ciertos medios de comunicación dan publicidad a la desorganización y la división de los pensionistas. Aparecen decenas de portavoces de coordinadoras, asociaciones, plataformas, etc. en todas las tertulias. No se trata de estar en contra de esa dispersión, que puede acoger a personas que hasta ahora no se habían movilizado.
Pero en CC.OO. hay más de 45.000 pensionistas y jubilados organizados; en UGT una cantidad equivalente y en otros sindicatos también son numerosos. Raramente sus representantes son entrevistados o invitados al debate de una tertulia.
Parece que el objetivo editorial (y político) de estos medios es impulsar movilizaciones sin organización, constituyéndose ellos en difusores y organizadores de las propuestas con las graves consecuencias que eso puede tener para la coherencia y la consolidación de las luchas.
Crítica de la reforma del sistema de pensiones del PP y propuesta de IU, elaborada por su Secretaría de Economía y Empleo, para la consolidación del sistema (elaborada en 2003 y actualizada en datos,
según presupuesto de la S. Social para 2017, prorrogado.
1/ El Proyecto de Reforma del PP. Antecedentes y datos básicos
Esta Reforma se apoya, en sus rasgos básicos, en la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno del PSOE y que se concretó en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social".
En efecto, dicha reforma planteaba:
El objetivo de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, aceptando -por tanto- que éste no es sostenible.
El recorte del gasto global en pensiones, hasta un total de 4,8 puntos de PIB en 2027, según nuestras estimaciones
La pérdida de poder adquisitivo de la mayor parte de las categorías de pensionistas
La consideración exclusiva de medidas de recorte del gasto como vía para solucionar los supuestos problemas del sistema.
El nuevo Proyecto de Reforma de las Pensiones del Partido Popular representa sustanciales agravamientos respecto de la reforma del PSOE de 2011, y que pueden resumirse en:
- El adelanto de la aplicación del factor de sostenibilidad a 2019, cuando no estaba previsto hasta el 2027.
- La aplicación del índice de Revalorización de Pensiones -justificado por criterios demográficos escasamente científicos- para rebajar la pensión inicial introduciendo mecanismos fundamentales de los sistemas de capitalización (los sistemas privados de pensiones) en el sistema público (que es un sistema de reparto y solidaridad).
Hay que reconocer y saludar que, ante la reforma actual, los sindicatos mayoritarios y el propio PSOE han reaccionado cuestionando algunos de los planteamientos de fondo de la anterior reforma socialista. Comisiones Obreras ha estimado que la reforma del PP conlleva una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas entre un 14,8% y un 28,3% durante los próximos 15 años, según se concreten los elementos de la reforma del sistema y según sea la inflación real.
Este recorte hay que añadirlo al originado por la reforma del PSOE que antes hemos señalado. Ambos recortes no sólo se suman sino que se amplifican. Actúan sobre campos diferentes y se refuerzan produciendo una baja mayor del poder adquisitivo. La reforma del PSOE afectó a la edad de jubilación y las condiciones de cotización para establecer la base reguladora y cobrar la pensión máxima, perjudicando de forma diferente según la vida laboral de los diferentes colectivos de pensionistas.
La reforma del PP interviene sobre la pensión inicial, generalizando la pérdida, y sobre la revalorización de las pensiones. Estamos ante un escenario de pérdida añadida de 1.500 euros/año sobre la pensión media, siempre que la inflación no aumente excesivamente. Un verdadero drama económico y social de gravísimas consecuencias, caso que se llevara a cabo.
2/ El discurso justificativo de la Reforma: una letanía monocorde
El Partido Popular asienta todo su discurso justificativo únicamente en una pretendida defensa del Sistema Público de Pensiones, que estaría amenazado por el incremento previsible de la esperanza de vida que, unido a un presunto y amenazante "colapso demográfico" está provocando y provocará un creciente peso del número de pensionistas sobre el total de la población. Reducir drásticamente las prestaciones permitiría "proteger" el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y con ello la viabilidad futura de las propias pensiones. (Ahora ya liquidado con la política del PP)
Se trata de un discurso falaz y demagógico, que es preciso combatir enérgicamente, porque el sistema público de pensiones no está amenazado
El aumento de la esperanza de vida se justifica en la Memoria de la reforma del PP de forma mecánica y simplista. No se tiene en cuenta que la esperanza de vida depende de factores sociales, económicos y sanitarios que no responden a una mera matriz matemática. De hecho, es conocido que tras el cambio de sistema en la antigua Unión Soviética, la esperanza de vida del conjunto de la población descendió 10 años o que, según recientes estudios, el aumento de la esperanza de vida se ha estancado en España como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales.
Es cierto que el número de pensionistas aumentará de forma significativa en el futuro, pero no es menos cierto que el incremento mayor comenzará a limitarse a partir de 2050 como consecuencia de la desaparición de las personas integrantes del "baby boom" de la década de los 60. Si, efectivamente, la población española está actualmente disminuyendo, ello también apunta, por lógica, a que el número de nuevos pensionistas también disminuirá en su momento en términos absolutos.
En todo caso, es muy osado hacer predicciones concretas sobre demografía en un horizonte superior a 10 años y no se puede atribuir a las mismas un carácter científico. Esto queda claro si se examinan las previsiones del INE de hace 30, 20 o 10 años y se comparan con la realidad actual.
Tecnicismos aparte, lo que trasciende de este enfoque casi unidireccional en los cálculos sobre la esperanza de vida en los que se apoya la Reforma del PP está tomado de los métodos de los seguros privados, que se rigen por el sistema de capitalización, que deberían de ser ajenos a un sistema público basado en un reparto solidario.
Tampoco es aceptable, desde nuestro punto de vista, fundamentar el análisis en una concepción limitada de la llamada tasa de dependencia, es decir en la mera relación numérica cotizantes/pensionistas. Al menos y en cualquier caso habrá que tener en cuenta la relación ingresos por cotizaciones/gasto en pensiones contributivas, lo que está vinculado al nivel de salarios, al nivel de cotizaciones y su modalidad (topadas o no, penalizadas en determinados tipos de contratos o en horas extras o no, etc.), entre otros factores. Viçens Navarro y otros autores insisten en que también hay que tener en cuenta el aumento de la productividad.
Los expertos ideólogos del capital financiero, entre los que se encuentran una parte sustancial del Grupo de Expertos que ha elaborado el informe en el que se fundamenta la reforma del PP, plantean, como otros informes del mismo patrón, hechos en los últimos 20 años, una crisis demográfica. Es por esto que bancos y cajas han publicado regularmente informes anunciando el colapso de las pensiones en un plazo de diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009). El objetivo: crear alarma sobre el futuro de las pensiones públicas. Nada de eso ha ocurrido, pero este Proyecto de Reforma ha convertido dicho catastrofismo interesado en piedra angular de su Reforma de las Pensiones.
3/ Los verdaderos objetivos del Proyecto de Reforma del Partido Popular
Estamos ante una nueva piedra angular de la contra-reforma generalizada que está aplicando inmisericordemente el Partido Popular a toda la ciudadanía. Difícilmente el aparato propagandístico del Gobierno podrá ocultar el objetivo real de esta Reforma: arrancar a los pensionistas más de 70.000 millones de euros, (en la hipótesis más lógica de incremento del IPC en los próximos años), única garantía que acepta la troika para hacer frente a la deuda española. En efecto, la propia Memoria del Ante-proyecto de Ley reconoce que el recorte de gasto sería de 32.900 millones de euros en el período 2014-2022, aunque lo que no dice es que dicha cifra se ha calculado considerando una muy poco realista tasa de inflación del 1%. Una mucho más previsible tasa de inflación del 2% (inflación media del último período) dispararía el recorte. De no lograr la derrota de esta propuesta lo que estaría amenazado no sería sólo el sistema público de pensiones, sino la cohesión social y la misma estabilidad del sistema económico, social y político.
4/ La alternativa de Izquierda Unida (2013)
a/ Los principios generales de nuestras propuestas
- Tras constatar que el sistema público de pensiones no está amenazado, a no ser como consecuencia de las políticas neoliberales, Izquierda Unida propone un conjunto de medidas concretas para consolidarlo, garantizarlo frente al ataque de los representantes políticos del capital financiero y mejorarlo de forma que sea posible avanzar hacia la jubilación a los 60 años y aumentar las pensiones, fundamentalmente las más bajas, mejorando la capacidad adquisitiva de los pensionistas, asegurar la indexación de las pensiones al IPC y asegurar la cotización de las becas y de los contratos en prácticas y considerar el tiempo de servicio militar como tiempo cotizado, para garantizar los períodos de cotización.
- Izquierda Unida se opone a cualquier medida que parta, implícita o explícitamente, del supuesto de la vulnerabilidad del sistema público de pensiones, porque esa aceptación conduce irremediablemente a la aceptación de modelo de reforma neoliberal.
- Izquierda Unida considera que, al contrario de la Reforma del PP, que no es otra cosa que debilitar el sistema público de pensiones mediante su recorte brutal y, en consecuencia, de sus recursos, como ya hemos visto, es necesario fortalecerlo, en primer lugar, mediante la modificación de la política de ingresos de la Seguridad Social. La realidad es que el gasto en pensiones sobre PIB es en España del 10% mientras que la media de la UE se sitúa en el 13,5%; es decir hay algo más de 3 puntos de diferencia. Por tanto, un margen importante, comparando España con la media de la UE.
Por otro lado, los gastos en prestaciones contributivas serán en 2018 de 126.217 millones de euros (con criterio estricto según nuestra propuesta, 101.600 mill. €, ante 110.560 mill. de € de cotizaciones sociales), mientras que el Presupuesto de gastos de la Seguridad Social para este año supera los 141.108 millones de euros.
Como era de esperar, en ningún momento la Reforma del PP se plantea el incrementar los ingresos, que sería lo posible y razonable, sino que, atiende únicamente al objetivo de esquilmar a los pensionistas actuales y futuros. Izquierda Unida considera que las políticas de mejora del sistema público de pensiones se deben fundamentar en políticas de ingresos, pero estos ingresos no pueden venir por vías fiscales que sustituyan las cotizaciones. Las cotizaciones sociales (la cuota patronal) son costes laborales y tienen la consideración de salario indirecto. Por tanto, de hacerlo estaríamos produciendo un trasvase de recursos favorable a la patronal que vería así reducidos sus costes y, de hecho, es una reducción de los salarios.
Por ello, para asegurar que no se produce ese trasvase y, al mismo tiempo, reforzar el sistema público de protección social, en nuestra propuesta separamos lo que son pensiones contributivas de otro tipo de prestaciones sociales (complementos de mínimos, por ejemplo u otros gastos sociales y sanitarios del sistema de la Seguridad Social), que sí podrían ser financiados fiscalmente y de las políticas de estímulo económico que deberían tener el mismo tipo de financiación.
Por otra parte, el PIB se ha multiplicado en los últimos 20 años aproximadamente por 2,5 y esto considerando fases de desarrollo y fases de crisis (las proyecciones del propio Gobierno plantean crecimientos mayores para el futuro).
Todo permite suponer que ese factor de multiplicación puede conservarse en los próximos 20 años. Las previsiones del Banco de España confirman estos datos. Esto significaría que en 2033, nuestro PIB sería superior a los 2,5 billones de euros. Siguiendo la metodología del profesor Navarro, aunque las pensiones del sistema público ocuparan el 15% del PIB en ese año, frente a los 900.000 euros que hoy quedarían libres sobre PIB una vez descontado el gasto en pensiones, dentro de 20 años esa cifra sería de superior a 1,6 billones de euros. Por tanto, problemas ninguno.
Los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema público de pensiones no ponen en peligro la economía, al contrario, contribuyen a mejorar el consumo, elevar la confianza y garantizar la cohesión social. Frente a ello, el Gobierno ha tomado una decisión ideológica: pretende aprovechar unas circunstancias coyunturales para imponen una reforma estructural del sistema público de pensiones.
b/ Propuestas para separar los gastos en prestaciones sociales y su financiación
1.- Sustituir todas las medidas de reducción de las cotizaciones por medidas de bonificación y su financiación con cargo a la imposición fiscal general.
2.- Financiación por los PGE de los programas y gastos de personal de la Seguridad Social que no se corresponden con las pensiones contributivas (incluidas las prestadas por el INSS no vinculadas a jubilación o incapacidad) y otros gastos de prestaciones sociales y sanitarias de la Seguridad Social.
3.- Acuerdo en el Pacto de Toledo para la financiación progresiva en los PGE de las prestaciones por muerte o supervivencia.
4.- Recuperación por parte de la Seguridad Social de la deuda del Estado para financiación la separación de fuentes, de acuerdo con los plazos fijados en el Pacto de Toledo. Esta deuda se pagaría en 30 años, a partir de 2019, e iría a engrosar el Fondo de Reserva y las cantidades anuales estarían determinadas por la diferencia entre el incremento de las rentas salariales y el aumento del PIB. De esta forma el sistema actuaría de forma contra cíclica.
Los puntos antes señalados se acogen a lo acordado en el Pacto de Toledo: "Las aportaciones del presupuesto del Estado deberán ser suficientes para garantizar las prestaciones no contributivas, la sanidad, los servicios sociales y las prestaciones familiares. Asimismo, la fiscalidad general debe hacer frente a la bonificación en las cotizaciones de contratos dirigidos a grupos de especial dificultad en la búsqueda de empleo, así como a aquellas actuaciones que en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos pudieran producir distorsiones en el normal equilibrio del sistema. En el caso de que el cumplimiento de estos objetivos requieran la adecuación del actual sistema fiscal, se incidirá en aquellas figuras impositivas de menor repercusión en la capacidad competitiva y generadora de empleo de la economía, sin excluir que se pueda contemplar la aplicación de una contribución universal sobre todas las rentas".
c/ Propuestas para lograr la consolidación coyuntural inmediata del sistema.
1.- Elevación de los topes de cotización máxima que correspondan a partir de 1 de enero de 2019 en un 20%, pasando de 3.751,20 en 2018 €/mes en 2018 a 4.501,44 €/mes , manteniendo la revalorización correspondiente al IPC de la pensión máxima, lo que aumentará el contenido solidario del sistema.
2.- Incremento de la cuota patronal en las contingencias comunes en los siguientes casos:
a) Horas extraordinarias en contrato a tiempo completo: 50%; en contrato a tiempo parcial: 100%.
b) Incremento en un 10% sobre los actuales tipos de la cuota patronal en todos los tipos de contratos que no sean indefinidos a tiempo completo.
3.- Combatir radicalmente las prácticas empresariales de despedir a los 11 meses, de terminar los contratos en viernes o de contratar falsos autónomos.
4.- Revisión de las cotizaciones y formalización de los contratos de los trabajadores domésticos, para ampliar su regularización.
d/ Medidas estructurales con efectos a medio y largo plazo
1.- Equiparación progresiva de las bases medias de cotización de los Trabajadores Autónomos con los del Régimen General.
2.- Lucha eficaz contra la economía sumergida. Se estima que unos 800.000 trabajadores tiene relaciones laborales sumergidas sin alta ni cotización en la Seguridad Social. Dentro de este objetivo, reconocer la validez a efectos de alta en la Seguridad Social de los contratos verbales o de hecho, tal como establece el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores.
3.- Elevación del Salario Mínimo a 1.100 euros mes en lo que queda de legislatura.
4.- Programa eficaz para garantizar el principio de "a trabajo igual, salario Igual" y conseguir la equiparación del salario de las mujeres con el de los hombres.
5.- Programa de recuperación de empleo hasta lograr al menos la generación de los 3 millones de empleos destruidos por la crisis.
ANEXO.- Estimación cuantitativa de las propuestas
Propuesta Ahorro de gasto anual
Sustitución de reducciones por bonificaciones 600 mill€
Ahorro por financiación vía PGE de gastos de personal y ciertas prestaciones sociales no contributivas, 1.800 mill€
Financiación PGE de prestaciones por muerte y supervivencia y otras prestaciones familiares 23.200 mill€
Propuesta Incremento anual de ingresos
Elevación de los topes de cotización máxima 300 mill€
Elevación de la cuota patronal en determinadas condiciones 2.000 mill€
Combatir fraudes de contratación 500 mill€
Equiparación progresiva de las bases medias de RTA a RG 8.000 mill€
Propuesta Incremento de ingresos por objetivo cuantitativo
Lucha contra la economía sumergida
(afloración de empleo sumergido por cada 100.000 puestos) 400 mill€
Elevación del salario mínimo (por cada 100 euros/mes) 500 mill€
Superación del desnivel salarial de las mujeres (por cada 5 puntos de
reducción de la diferencia entre salarios medios) 3.000 mill€
Generación de empleo (por cada 100.000 nuevos empleos) 1.000 mill€
Todas estas cantidades deben considerarse como una estimación, dada la ausencia de datos concretos en algunos apartados, basada en estimaciones de CC.OO y en elaboración propia.
De esta estimación está excluida la propuesta de compensación al Sistema de la Seguridad Social por las prestaciones no contributivas de las que los PGE del Estado no se han hecho cargo en el pasado.
